El comisario de Agricultura, Dacian Ciolos, viajó a España en visita de cortesía al nuevo gobierno y aprovechó la ocasión para mantener encuentros institucionales, asi como para reunirse con los representantes de las organizaciones del sector.
La reforma de la Política Agrícola Común, tras su presentación oficial el posado mes de octubre, ha entrado ya en la fase de los debates formales en el seno de las instituciones comunitarias. La visita y las declaraciones, tanto del comisario,como del propio ministro Arias Cañete, no han supuesto novedades sobre lo que ya se conocía sobre el contenido de la propuesta.Sin embargo, de las comparencias de ambos políticos, se pueden hacer algunas deducciones de interés.
En lo que afecta a Miguel Arias Cañete, que frente a la posiciones cerradas de la ministra anterior con el "na pasarán y "ni un paso atrás" en las trincheras, el nuevo ministro aboga en todo momento por la negociacion, por la búsqueda´de socios en ese camino y, sobre todo,porque el conjunto de las organizaciones agrarias y las comunidades autónomas, se dejen de críticas globales y digan punto por punto lo que es preciso cambiar de la propuesta.
De lo dicho por el comisario, se pueden sacar fundamentalmente dos conclusiones.La primera, que la propuesta de reforma se halla totalmente abierta a negociaciones para su aplicación, menos en el cambio de sistema y la nueva filosofia de aplicar los pagos por superficie, en lugar de los criterios actuales por rendimientos históricos o por el volumen de una cabaña ganadera. La segunda,aunque ya se conocía,que, a partir de la asignación del sobre nacional,(en el caso de España va a ser similar al volumen que se perecibe en la actualidad), se deja todo el muerto de su aplicación a cada uno de los países.Los responsables políticos deberán decidir cuestiones como el número de hectáreas elegibles para otorgar una ayuda, un problema para España donde el mismo supera ampliamente el volumen de derechos, la definición exacta de que debe ser una región donde apolicar un proceso de acercamiento en los niveles de los pagos,la aplicación los criterios sobre diversificación de los cultivos o ese 7% de las tierras a abandonar para cobrar el 30% de las ayudas y concretar las exigencias para definir aquién se puede considerar como agricultor activo para recibir un trato prioritario.
Uno de los objetivos más importantes hoy en el sector es lograr un equilibrio en la cadena alimentaria para que el agricultor o ganadero perciba más del valor de los productos agrarios en ese proceso de comercialización.Hablando sobre los problemas del aceite de oliva por sus bajos precios,el comisario, además de aceptar el almacenamiento privado como un instrumento de regulación, aunque ha demostrado en el pasado su escasa eficacia con la retirada de unas 45.000 toneladas del mercado frente a unas producciones de 1,4 millones de toneladas, apuntó,entre otras, dos salidas.La primera, trabajar para lograr una mayor clarificación ante los consumidores entre los diferenets tipos de aceite y dar mayor valor a los mismos.La segunda, un mayor desarrollo de las organizaciones de productores e interprofesionales para que las mismas sean capaces de ordenar la oferta en función de sus intereses.Sería bueno que esa reflexión del comisario se concretara en reglamentaciones concretas para que, entre otras cosas, en el caso Español, si las organizaciones de productores adoptan medidas en esa dirección, no se encuentren de frente con los servicios de la Competencia acusando y multando a las mismas por pactos de precios o actuaciones contra la libertad de mercado...
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La reforma de la Política Agrícola Común, tras su presentación oficial el posado mes de octubre, ha entrado ya en la fase de los debates formales en el seno de las instituciones comunitarias. La visita y las declaraciones, tanto del comisario,como del propio ministro Arias Cañete, no han supuesto novedades sobre lo que ya se conocía sobre el contenido de la propuesta.Sin embargo, de las comparencias de ambos políticos, se pueden hacer algunas deducciones de interés.
En lo que afecta a Miguel Arias Cañete, que frente a la posiciones cerradas de la ministra anterior con el "na pasarán y "ni un paso atrás" en las trincheras, el nuevo ministro aboga en todo momento por la negociacion, por la búsqueda´de socios en ese camino y, sobre todo,porque el conjunto de las organizaciones agrarias y las comunidades autónomas, se dejen de críticas globales y digan punto por punto lo que es preciso cambiar de la propuesta.
De lo dicho por el comisario, se pueden sacar fundamentalmente dos conclusiones.La primera, que la propuesta de reforma se halla totalmente abierta a negociaciones para su aplicación, menos en el cambio de sistema y la nueva filosofia de aplicar los pagos por superficie, en lugar de los criterios actuales por rendimientos históricos o por el volumen de una cabaña ganadera. La segunda,aunque ya se conocía,que, a partir de la asignación del sobre nacional,(en el caso de España va a ser similar al volumen que se perecibe en la actualidad), se deja todo el muerto de su aplicación a cada uno de los países.Los responsables políticos deberán decidir cuestiones como el número de hectáreas elegibles para otorgar una ayuda, un problema para España donde el mismo supera ampliamente el volumen de derechos, la definición exacta de que debe ser una región donde apolicar un proceso de acercamiento en los niveles de los pagos,la aplicación los criterios sobre diversificación de los cultivos o ese 7% de las tierras a abandonar para cobrar el 30% de las ayudas y concretar las exigencias para definir aquién se puede considerar como agricultor activo para recibir un trato prioritario.
Uno de los objetivos más importantes hoy en el sector es lograr un equilibrio en la cadena alimentaria para que el agricultor o ganadero perciba más del valor de los productos agrarios en ese proceso de comercialización.Hablando sobre los problemas del aceite de oliva por sus bajos precios,el comisario, además de aceptar el almacenamiento privado como un instrumento de regulación, aunque ha demostrado en el pasado su escasa eficacia con la retirada de unas 45.000 toneladas del mercado frente a unas producciones de 1,4 millones de toneladas, apuntó,entre otras, dos salidas.La primera, trabajar para lograr una mayor clarificación ante los consumidores entre los diferenets tipos de aceite y dar mayor valor a los mismos.La segunda, un mayor desarrollo de las organizaciones de productores e interprofesionales para que las mismas sean capaces de ordenar la oferta en función de sus intereses.Sería bueno que esa reflexión del comisario se concretara en reglamentaciones concretas para que, entre otras cosas, en el caso Español, si las organizaciones de productores adoptan medidas en esa dirección, no se encuentren de frente con los servicios de la Competencia acusando y multando a las mismas por pactos de precios o actuaciones contra la libertad de mercado...